De las nacionalizaciones del pueblo y sus consecuencias.
Por: Carlos Francisco Urbina Tanús
En los últimos días se ha hablado de la decisión del pueblo de Bolivia de nacionalizar sus hidrocarburos a base de una reforma legal, la cual les da el dominio total de estos recursos. Sin embargo este no es un tema desconocido en América, posterior a la descolonización, las empresas europeas enfocadas a la extracción de materias primas perduraron en los países latinoamericanos debido a la infraestructura, capacidad técnica en el manejo del subsuelo y personal cualificado con el que contaban. Entre estas empresas se encontraban aquellas que a largo plazo se convirtieron en empresas petrolíferas.
Sin embargo estas empresas contaban con enormes vicios por ejemplo: las largas jornadas de trabajo mal pagado, así como, la simulación en sus estados financieros con el objetivo de tributar menos.
En México al principio de la década de los 30 del siglo pasado, el descontento laboral de los obreros de la industria petrolera comenzaba, las largas jornadas de trabajo en un ambiente de alto riesgo, las nulas prestaciones y la percepción de un salario bajo sin derecho de pago a horas extras provocaron el inicio de una huelga en todas las empresas petroleras. Las empresas norteamericanas, holandesas e inglesas presionaban al gobierno mexicano al cese de dicha huelga, ya que argumentaban que la poca rentabilidad de este negocio, les hacia imposible cubrir las peticiones de los trabajadores. Conjuntamente a estas demandas a las autoridades pedían la no aprobación de la creación del sindicato de trabajadores del petróleo.
En una de las decisiones mas acertadas del gobierno de Lázaro Cárdenas, se apoyó a la huelga que paralizó al país por 12 días, debido a la falta de gasolina, así como la creación del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, pero sobre todo dio inicio una investigación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje contra dichas empresas, la cual arrojó como resultado el dictamen del pago de 26 millones de pesos, ya que se demostraba que éstas eran capaces de responder a las peticiones de los trabajadores y que ocultaban ganancias con el fin de pagar menos impuestos.
Por lo anterior, las empresas petroleras amenazaron con retirar sus inversiones del territorio nacional mexicano, sin embargo la idea de nacionalizar la industria se había puesto en marcha. El principal problema al que se enfrentaba el gobierno mexicano era la nula capacidad mexicana de fabricar tetraetilo, componente básico para la producción de gasolina, aunado a la falta de ingenieros mexicanos para satisfacer la demanda de una industria petrolera nacional.
A pesar de esto, la expropiación petrolera fue declarada el 18 de marzo de 1938, las relaciones diplomáticas entre México y el Reino Unido de la Gran Bretaña se rompieron, los Estados Unidos de América y Holanda impusieron un embargo económico a México, se temía una intervención norteamericana en defensa de los intereses de sus empresas. Además de esto México no podía producir gasolina ni pagar las indemnizaciones a estas compañías que habían dejado a las instalaciones sin refacciones ni técnicos.
A dos meses de la expropiación, el tetraetilo se producía, se proyectaba la creación del Instituto Politécnico Nacional y una inmensa movilización popular se congregaba en el Palacio de Bellas Artes en México para hacer donaciones, desde joyas hasta aves de corral para indemnizar a las empresas extranjeras.
Al largo plazo, la Segunda Guerra Mundial dio a México el contexto perfecto para que los bloqueos económicos y el veto del petróleo desapareciera.
En la actualidad y en el caso boliviano, la expropiación petrolera de ha visto plagada de similitudes con la mexicana, las empresas se preparan para dejar vacíos los almacenes, los vetos de los gobiernos afectados han llegado. Sin embargo el derecho de un pueblo pobre sobre la comercialización de sus recursos es ajeno al circo mediático generado a partir de la decisión de Evo Morales. Es también derecho de las empresas exigir una indemnización sobre este hecho, así como es derecho de los bolivianos hacer las reformas pertinentes para adaptarse a las nuevas políticas económicas del nuevo gobierno del pueblo.
